PERÚ: Catedráticos lambayecanos ganaban más que el Presidente de la República
La Ley N° 28212 referida a las jerarquías y remuneraciones de los altos funcionarios y autoridades del Estado, precisa en los artículo 2° y 4°, que el Presidente de la República tiene la más alta jerarquía y remuneración en el servicio de la Nación; es decir, nadie en el aparato público puede ganar más que él.
Sin embargo, en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, parece que no quisieron entender la norma y cinco de sus ex autoridades cobraron montos por encima de lo establecido en este dispositivo. Según las investigaciones de la Policía y Fiscalía se trataría del cobro irregular de más de un millón 100 mil nuevos soles.
Artículo 4 de la Ley 28212 determina que el Presidente de la República tiene la más alta remuneración en el servicio a la Nación.
El desacato a la ley de parte de los funcionarios de la universidad motivó que hace unas semanas, cuatro de los cinco implicados sean intervenidos por personal de la Dirección General de Inteligencia y la División de Investigación Criminal, luego de que la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Chiclayo, ordenara la detención.
La intervención policial permitió la captura de los vicerrectores Leopoldo Pompeyo Vásquez Núñez y Luis Jaime Collantes Santisteban, así como del director de la Escuela de Posgrado, Juan Eduardo Aguinaga Moreno, y José Wilson Gómez Cumpa, exdecano de la Facultad de Ciencias Históricos Sociales y Educación, y actualmente docente de esta casa de estudios.
Sin embargo, hace unas semanas el titular del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de Lambayeque, Segundo Adrianzén Cieza, declaró infundado el pedido de prisión preventiva de 18 meses formulado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de funcionarios contra Coyantes, Aguinaga y Gómez Cumpa. Solo se les ha ordenado una comparecencia restringida y el pago de una caución de 20 mil nuevos soles.
Catedráticos Juan Aguinaga, José Gómez Cumpa, Luis Collantes y Leopoldo Vasquez.
Todos ellos, al igual que el prófugo rector Agustín Ramos García, son investigados desde mediados del 2014, según lo informó Giovanna del Río Carreño, presidenta de la Junta de Fiscales de Lambayeque, por los delitos de peculado, colusión, administración fraudulenta, cobro indebido, malversación de fondos, negociación incompatible, tráfico de influencias y falsedad genérica. Cabe señalar que la primera alerta de esta irregularidad fue lanzada por la Contraloría General de la República.
Agustín Ramos García se encuentran en condición de prófugo. Logró huir de la intervención policial.
¿Cómo establecieron sus remuneraciones?
En setiembre del 2012, Agustín Ramos García, en su condición de rector de la universidad, aprobó una cuestionada resolución que resolvía el pago de asignaciones especiales a personal docente y administrativo por labores externas a la jornada ordinaria. Eso a la larga se tradujo que por proyectos y cursos de titulación, tanto el rector, como vicerrectores, director de la Escuela de Postgrado, decanos y otros, recibieran una bonificación especial equivalente al 20% de la recaudación. Todo sucedió durante el 2013, pues un año después el margen se redujo al 10%, de acuerdo a la Resolución Nº301-2014 del Consejo Universitario.
Lo resuelto por la autoridad universitaria en el 2013 y 2014 motivó desde hace tres años el cobro de remuneraciones que en suma excedieron las seis Unidades de Ingreso del Sector Público (UISP), acción que vulnera los términos de la Ley N° 28212. Pero Ramos no fue el único favorecido con las planillas doradas de la universidad, pues tuvo a otros cuatro cómplices involucrados.
Los sueldos dorados
Ramos y los suyos sabían que Ollanta Humala, jefe de Estado en ejercicio, era el único funcionario que podía percibir mensualmente y en forma excepcional, hasta 10 Unidades de Ingreso del Sector Público (UISP), según se señala en la Ley N° 28212. En el caso de altos funcionarios o servidores públicos, como sucede con los procesados de la UNPRG, estos no pueden obtener una remuneración mayor a las 6 UISP. Pero ellos pasaron por alto esta prohibición.
Artículo 2 de la Ley 28212 establece la jerarquía de los funcionarios y altas autoridades del Estado.
El Ejecutivo fijó en 2600 soles la unidad de ingreso del sector público.
Sin embargo, la ley era "letra muerta" para las autoridades universitarias de Lambayeque. Por ejemplo, el rector de esta universidad Agustín Ramos García, solo en el 2013 ganó 398,601 nuevos soles.
Es importante mencionar que, Ramos, de acuerdo al reporte emitido en el 2013 por la Oficina de Remuneraciones y Pensiones de la UNPRG, ganaba 7,000 soles al mes. Si seguimos multiplicando, deducimos entonces que solamente en ese año, este peculiar personaje debió percibir S/. 84,000, sin descuentos. Pero no fue así, ganó 398,601 soles.
Es decir que gracias a las asignaciones especiales, Ramos cobró un excedente irregular que supera los 300 mil soles.
Sin ser jefe de Estado, Agustín Ramos García ganaba de lejos mucho más que Humala.
Ramos es el único que hasta la fecha no ha podido ser capturado por la PNP. Sin embargo, según el general PNP Cluber Aliaga, efectivos de la Región Policial Lambayeque están tras los pasos del prófugo, de quien se presume se encontraría en Piura.
General Cluber Aliaga asegura que pronto capturarán a prófugo Agustín Ramos.
Pero aún hay más. Luis Jaime Collantes Santisteban y Leopoldo Pompeyo Vásquez Núñez también realizaron cobros irregulares en la mencionada universidad. El primero de ellos, vicerrector académico en el 2013, con un salario base de 7,000 nuevos soles, de pronto cobró S/. 30,379 mensual, y al año, sumó a su cuenta 364,548 soles. Mientras que el vicerrector administrativo cobró a lo largo del 2013, la suma de 358,239 y 29,853 soles.
En ambos casos, los hoy procesados por la justicia, superaron las 10 Unidades de Ingreso del Sector Público, o lo que es igual, los 312,000 soles fijados como límite por la Ley 28212. Por lo tanto, Collantes debería devolver 275,592 soles al Estado, y Vásquez debería reembolsar 269,535 soles.
Vicerrectores Luis Collantes y Leopoldo Vásquez fueron detenidos por la Policía Nacional.
Al igual que los casos anteriores, también fue detenido José Wilson Gómez Cumpa, quien fue decano de la Facultad de Ciencias Históricos Sociales y Educación (FACHSE), en el 2013 y que luego se desempeñó como presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Jaén.
Como máxima autoridad de la FACHSE, este hombre llegó a cobrar 239,285 soles en el 2013, monto que es la suma de su remuneración real (7,264 soles mensuales) más las asignaciones especiales decretadas por Ramos. Si el proceso judicial concluye en una sentencia condenatoria, Gómez debería devolver 152,117 soles.
Si el proceso judicial concluye en una sentencia condenatoria Gómez debería devolver más de 152 mil soles.
También tenemos a Juan Eduardo Aguinaga Moreno quien ejercía la dirección de la Escuela de Postgrado de la UNPRG, ganando 7,000 nuevos soles al mes. Las asignaciones especiales le permitieron acumular hasta 227,608 soles en el periodo 2013; sin embargo, legalmente solo debió cobrar S/. 85,968.
A inicios del 2000, Aguinaga estuvo en política y presidió el Consejo Transitorio de Administración Regional, instancia del Estado que antecedió al Gobierno Regional de Lambayeque en el 2003. En su caso deberá devolver a las arcas del Estado la suma de 141,640 soles, pues también incumplió con el mandato de la Ley 28212.
A inicios del 2000 Juan Aguinaga Moreno estuvo en política y presidió el Consejo Transitorio de Administración Regional.
Durante el operativo que convocó a personal del Ministerio Público y la Policía Anticorrupción, se allanaron las oficinas de la sede universitaria en la provincia de Lambayeque, al igual que las viviendas de los implicados. Los policías a cargo incautaron varios documentos de la universidad.
Policía anticorrupción allanó documentos de sede universitaria.
La autonomía universitaria como excusa
En algún momento, cuando tuvo que enfrentar a la prensa por las denuncias iniciales del 2014, Agustín Ramos, rector de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, señaló que el pago de asignaciones especiales en la referida casa de estudios fue una decisión que se tomó en razón a la autonomía universitaria, como lo señala el artículo 18 de la Constitución Política del Perú.
Lo que no quiso considerar Ramos y su entorno es que la misma Carta Magna establece claramente que las universidades se rigen por sus propios estatutos, pero en el marco de la Constitución y las leyes. Es decir, que ninguna norma interna de una universidad, cualquier que esta fuere, puede superar los alcances de cualquier ley. En este caso, la autonomía universitaria no era un argumento válido para hacer caso omiso intencional a la Ley 28212.
En la universidad apelaron al artículo 18 de la Constitución Política del Perú referido a la Autonomía Universitaria.
Mocos por babas
Tras la detención de los llamados “Catedráticos de la Corrupción”, en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, el entorno de Agustín Ramos convocó a Consejo Universitario el pasado 14 de julio.
Mediante Resolución N° 372-2015 resolvieron la designación de Carlos Adolfo Loayza Rivas como rector de dicha casa de estudios, mientras que Aníbal Jesús Salazar Mendoza asumirá provisionalmente el vicerrectorado académico y finalmente César Augusto Monteza Arbulú será el director de la Escuela de Postgrado de la UNPRG.
Resolución 372-2015 designa a autoridades provisionales en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque
Jorge Oliva Núñez, también electo rector de la universidad, Bernardo Nieto Castellanos, vicerrector académico y Ernesto Hashimoto Moncayo, vicerrector de investigación, denunciaron a Loayza, Salazar y Monteza Arbulú por el delito contra la administración pública en la modalidad de abuso de autoridad, usurpación de función pública y nombramiento o aceptación ilegal.
Resuelven designación de Carlos Loayza Rivas como rector de la UNPRG y de Aníbal Salazar Mendoza como vicerrector académico.
Los denunciantes, con la aplicación de la Nueva Ley Universitaria, fueron elegidos como autoridades en enero de este año, pero tanto Agustín Ramos como la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, lo desconocieron.
Además, Ramos los denunció por usurpación de funciones, lo que motivó que la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lambayeque abriera una investigación preliminar a Núñez, Nieto y Hashimoto.
Oliva Núñez dijo en su momento que la denuncia de Agustín Ramos busca judicializar el caso y dilatar los tiempos para evitar que los denunciados asuman el poder en la universidad lambayecana. Pero ahora es diferente, sentenció.
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